25 Nov Manifiesto publicado por la Fundación CERMI Mujeres con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
FESPAU se adhiere al manifiesto publicado por la Fundación CERMI Mujeres con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora hoy 25 de noviembre. ‘YO DECIDO’ 60 millones de mujeres y niñas de la Unión Europea vivimos con una discapacidad (el 25,9% de la población femenina) y afrontamos una discriminación múltiple e interseccional en todos los ámbitos de la vida. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, así como la capacidad jurídica, son principios fundamentales que no se garantizan. Como consecuencia, no podemos ejercer todos los derechos humanos y libertades fundamentales en pie de igualdad con las demás personas. A pesar de que todos los países de la Unión Europea han ratificado los tratados de Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres (CEDAW) y sobre los derechos de las personas con discapacidad (CRPD), muchos Estados han arbitrado medidas legales que nos despojan de esa capacidad para ejercer nuestros derechos y poder tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. La denegación histórica y sistemática del derecho a tomar nuestras propias decisiones es un reflejo de los estereotipos discriminatorios y nocivos contra las mujeres y niñas con discapacidad que pone en evidencia la incapacidad de los gobiernos, de la sociedad y, en muchos casos hasta de las familias, de comprender y respetar nuestra dignidad como mujeres y niñas, en suma. Estas restricciones contrarias a los derechos humanos, disfrazadas de mecanismos de protección, son formas de violencia machista y capacitista contra nosotras. En virtud de estos procedimientos denegatorios de nuestra dignidad muchas de nosotras hemos perdido la custodia de nuestras hijas e hijos y nos hemos sentido amedrentadas por nuestros maltratadores ante la amenaza de ser incapacitadas legalmente, de ser anuladas como ciudadanas. En la práctica, esto supone ignorar nuestras opiniones como mujeres con discapacidad y sustituir nuestras decisiones por las de terceras personas, incluidas aquellas que ejercen de representantes legales, proveedores de servicios,...
